Con la expedición y lenta aplicación de la Ley de Justicia y Paz se abre un nuevo ciclo en la historia política colombiana. Efectivamente la Ley 975 de 2005 ha posibilitado en forma parcial y fragmentada conocer parte del drama y terror que han cometido los grupos paramilitares en los últimos 15 años.
El Gobierno Nacional entregó a la Fiscalía una lista de 2.650 miembros de los grupos paramilitares1 sobre los cuales se debe iniciar un proceso judicial que culmine con la aplicación de penas alternativas por delitos de lesa humanidad. De este total de posibles beneficiarios de la Ley de Justicia y Paz tan solo 500 tienen cargos en la Fiscalía y a 200 se les ha iniciado algún tipo de proceso judicial.
La Ley 975 de 2005 no obliga al victimario a la confesión, razón por la cual las declaraciones de “Jorge 40” (“Recibí de Carlos Castaño la orden de matar 1.000 guerrilleros en menos de 15 días”)2 o las de “HH”, “Diego Vecino”3 o “Monoleche”4 por mencionar solo algunas de ellas en las que afirman haber participado en más de 2.000 asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados son apenas una pequeña parte del drama que causaron los paramilitares en todas las regiones del país.
Desde la creación de la Unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación se han recibido 112.343 denuncias de hechos atribuibles a grupos armados al margen de la ley. Esta cifra a pesar de ser menos del 0.2% del número estimado de víctimas, muestra como lentamente se empieza a romper el miedo y en las Personerías Municipales, Procuradurías, Defensorías y otras partes las víctimas empiezan a denunciar estos graves hechos. Con la aplicación del Plan de Reparaciones por vía administrativa se espera que esta cifra se multiplique rápidamente, debido a que se hace necesaria la denuncia de los hechos ante una autoridad judicial, administrativa o policial tal como lo estipula el artículo 26 del Decreto 1290 de 2008 para obtener los recursos establecidos según la caracterización de la reparación.
Las cifras sobre desplazamiento son dispares: El DANE, suministró con base en el Censo Nacional de Población y Vivienda de 2005 la cifra de 800.000 desplazados. Acción Social de la Presidencia de la República reporta en su Sistema Único de Registro desde 1995 hasta diciembre de 2007, 1’877 328 desplazados y la Conferencia Episcopal y CODHES afirman que en los últimos 15 años el número de desplazados es superior a 3 millones de personas.
Podemos afirmar que Colombia es un país de víctimas. Más del 10% de los colombianos han sido golpeados en forma directa por las consecuencias del conflicto armado en Colombia.
El drama de la guerra y, en especial, la situación de abandono y miseria en las que se encuentra la mayoría de las víctimas en Colombia ha motivado a la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra -REDEPAZ- a adelantar una amplia estrategia de asesoría, acompañamiento y gestión a las víctimas para que aumenten su capacidad de conocimiento, interlocución y negociación sobre sus derechos a la Verdad, la Justicia y la Reparación y puedan acceder en igualdad de oportunidades a los servicios y beneficios que son reconocidos a nivel nacional e internacional.
Dentro de este trabajo de asesoría y acompañamiento destacamos el apoyo jurídico, tanto en el diligenciamiento y presentación de las denuncias, como en la participación de las víctimas en las audiencias públicas. En este contexto, REDEPAZ previamente sensibiliza a las víctimas a través de talleres y dinámicas grupales para que venzan el miedo y con el respaldo tanto de los equipos regionales como de sus abogados logró, en un tiempo menor de ocho meses, facilitar el diligenciamiento de más de 700 denuncias en Magdalena, Antioquia, Sucre, Bolívar, Córdoba y Valle del Cauca principalmente.
Estas denuncias son la materia prima de esta investigación: “Víctimas del conflicto armado en Colombia: Perfil, escenarios, autores y hechos” que busca identificar y ampliar el perfil del denunciante y de la víctima, sistematizando información relacionada con edad, sexo, lugar de procedencia, nivel de educación, oficios, lazos de parentesco, escenarios, fechas, autores y bienes comprometidos en los hechos denunciados, entre otras variables.
El estudio también realizará cruces de variables para poder identificar aspectos relacionados con la ocurrencia de los hechos por fechas, regiones, tipo de violación y bienes comprometidos. Igualmente analizará aspectos demográficos por regiones cruzando variables como edad, sexo, lugar de nacimiento y nivel educativo de las víctimas y de los denunciantes.
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